Los mineros informales han suspendido el diálogo con el Gobierno tras no lograrse acuerdos sobre la exigencia de almacenar explosivos en polvorines formales, condición indispensable para continuar en el proceso de formalización (REINFO). La falta de infraestructura adecuada pone en riesgo la inclusión de más de 20,000 pequeños mineros, mientras que otros 51,000 ya han sido excluidos del programa.
Este escenario ha reactivado la posibilidad de nuevas protestas, en defensa del derecho al trabajo de miles de mineros artesanales, y evidencia una creciente tensión entre las exigencias normativas y la realidad operativa del sector.
Comentario jurídico
Este conflicto revela la urgencia de diseñar regulaciones administrativas bajo criterios de viabilidad, razonabilidad y proporcionalidad. Imponer requisitos técnicos sin garantizar condiciones mínimas de cumplimiento no solo vulnera el derecho al trabajo, sino que también fomenta la informalidad y el conflicto social.
Asimismo, se evidencia un déficit en el uso de mecanismos alternativos de resolución de controversias. La mediación, facilitación y diálogo estructurado podrían haber permitido soluciones más eficaces y menos confrontacionales.
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